Esta nueva etapa, que ha durado algo más de medio año, no ha dado respuesta a los problemas de millones de usuarios como tampoco lo hizo el Gobierno Rajoy en siete años. Esto ha contribuido al ninguneo de los consumidores y de la política de consumo y su degradación progresiva.
Las expectativas generadas por el presidente Sánchez, fue el primero en mencionar a los consumidores en su discurso de investidura, no se han cumplido en un contexto político convulso en la que el consumo no ha sido, en ningún momento, su prioridad y se ha limitado a recuperar el nombre para el ministerio. La asociación pide que en las semanas que quedan aún puede tratar los temas ineludibles para los consumidores.
ADICAE considera que se ha perdido una gran oportunidad para los consumidores en la etapa que se abrió a principios de junio del año pasado. La asociación saludó la llegada del nuevo Gobierno porque aparentemente prometía dar un giro de 180ª a las cuestiones relativas al consumo. Esto se concretó con la recuperación del nombre en el ministerio de Sanidad y Consumo y la creación la Dirección General de Consumo relegada por anteriores ejecutivos.
La asociación consideró que la recuperación de esta Dirección suponía iniciar un nuevo periodo de relación entre el poder político, los consumidores y sus representantes. Sin embargo, en este tiempo el ministerio ha mantenido olvidada a dicha Dirección, seguramente por el cambio de todo el equipo tras la dimisión de la ministra Montón, sin apenas dotarla de contenido y concreción, y que acabó con la impresentable suspensión del nombramiento, a petición de ADICAE, del presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios. La recuperación del nombre de Consumo para el Ministerio de Sanidad se ha quedado en una mera operación de marketing.
ADICAE considera que en este breve ejecutivo no se ha logrado dar un nuevo enfoque a las reivindicaciones legítimas de los consumidores. Tampoco se ha acabado con las prácticas abusivas de carácter sistemático a cientos de miles de consumidores, en particular a los servicios financieros, o en casos como Idental o Ryanair y un largo etc. No se ha potenciado una necesaria resolución extrajudicial de conflictos, ni se ha impulsado la necesaria reforma de la acción colectiva como el arma más útil para acabar con los grandes fraudes, y la modernización y renovación de la anquilosada legislación y el poder judicial a este respecto.
ADICAE espera y exige al Gobierno de Pedro Sánchez que este último y breve tramo hasta el 5 de marzo, acabe la tramitación por Real Decreto de la ley de Transparencia de los contratos, admitida y presentada en el Congreso por prácticamente todos los grupos parlamentarios y 220 diputados. Esta ley supondría un avance cualitativo, como él propio Sánchez conoce, en la protección de los consumidores (y que no constaría ni un céntimo). La asociación ve incomprensible que no se haya promulgado aún.
El presidente Sánchez tampoco ha cumplido en estos pocos meses su promesa de investidura de “fortalecer los organismos reguladores y la defensa de la competencia en beneficio del consumidor y el usuario”. Ni el Banco de España, ni la CNMV ni la CNMC han sido reformadas y la Agencia de Protección del Consumidor Financiero anunciada a principios de noviembre no ha conseguido ver la luz en los últimos cuatro meses pese a su urgencia y necesidad para los usuarios.
ADICAE hace un último llamamiento a la ministra Carcedo, para promulgar el reglamento de representación institucional, inscripción de los registros y funcionamiento de las asociaciones de consumidores, que ha estado a la espera desde el año 2006 , y de los cuales el ministerio dispone de proyectos concretos, entre otros los de ADICAE, que si fuera preciso retocarlos la asociación podría ponerlo a disposición del ministerio en tres días.