Los tribunales andaluces llevan un retraso de un año y medio en resolución de demandas por cláusula suelo

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Tras casi dos años la justicia sólo ha resuelto un 30% de las demandas presentadas
La Comunidad Andaluza, con un 24%, registra la segunda tasa más baja de resolución de España, sólo superada por Cataluña

La Comunidad Autónoma de Andalucía lleva más de un año y tres meses (cerca de un año y medio) de retraso en la resolución de conflictos en los tribunales de justicia con entidades bancarias a cuenta de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios.

ADICAE Andalucia denuncia que en estos días se están resolviendo los asuntos del cuarto trimestre de 2017.

En Andalucía, la tasa de resolución es del 24%, la segunda más baja de España
Desde el segundo trimestre de 2017, en Andalucía se han interpuesto un total de 88.115 demandas en los tribunales en las que los consumidores reclaman la devolución de las cantidades indebidamente cobradas a propósito de la aplicación de las cláusulas suelos, declaradas abusivas tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal de Estrasburgo. De todas esas demandas, sólo hay resueltas 21.171, lo que sitúa la tasa de resolución en Andalucía en un 24%, la segunda más baja de España, sólo superada por Cataluña, con un 19,8%.

ADICAE Andalucía recuerda que este tipo de demandas por cláusula suelo continúan dando la razón al consumidor en un 98% de los casos y denuncia un intento de la banca de judicializar el conflicto y provocar el colapso en el funcionamiento de la justicia.

ADICAE no acudirá a reunión de la Comisión de Seguimiento de cláusulas suelo
La asociación se ausentará de la comisión, en la que acude como representante del Consejo de Consumidores y Usuarios, para reivindicar una solución justa y eficaz en la que la que no domine como ahora el criterio de la banca ante la pasividad total del Banco de España y los ministerios de Justicia, Economía, y Sanidad y Consumo.

ADICAE considera un escándalo los datos de la Comisión de Seguimiento de la solución extrajudicial de cláusulas suelo así como las cifras de los juzgados especializados en cláusulas abusivas. Unos datos que dejan claro que la única solución solo puede ser un resarcimiento universal, colectivo y extrajudicial para todos los afectados.

En el caso concreto de la solución extrajudicial propuesta por Guindos en enero de 2017 ha quedado de manifiesto que este sistema pseudoarbitral es un fraude de la banca que no consigue paliar el vergonzoso desfile de consumidores ante los juzgados. Los datos no mienten: hasta febrero de 2019 se han presentado 1.187.792 solicitudes de las cuales solo han acabado en acuerdo 491.401, el 41%. El resto han sido desestimadas o inadmitidas por un oscuro criterio incomprensible de la propia banca.

En esta comisión hay representantes de los ministerios de Justicia, Economía y Sanidad y Consumo que se limitan a participar en esta farsa legitimadora a la que se han acomodado, primero el Gobierno de Rajoy, y después el de Pedro Sánchez, que permanecen impasibles e indiferentes a las cantidades ridículas que la banca paga a los afectados sin control ni supervisión alguna.

Según cálculos de la asociación la banca debería pagar a cada afectado entre 10.000 y 12.000 euros mientras que con este mecanismo fallido las entidades abonan tan solo 4.500 euros de media.

ADICAE pedirá al Consejo de Consumidores y Usuarios que exija la comparecencia de los responsables en la Comisión de Economía del Congreso, en cuanto se constituya, para explicar esta falso arbitraje que la banca domina a su antojo.

El fracaso de la solución extrajudicial aboca a miles de afectados a acudir a los juzgados, que van con casi año y medio de retraso: a finales del año 2017 ya se habían registrado en toda España más de 150.000 demandas en estos nuevos juzgados. Un año después tan solo se han resuelto 139.653 de las 399.427 que se han presentado, es decir un tasa de resolución paupérrima del 35%.

ADICAE recuerda que de los 2,5 millones de afectados de cláusulas suelo, hay al menos un millón que no ha reclamado lo indebidamente cobrado ni por reclamación extrajudicial ni por vía demanda judicial.

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